El capítulo propuesto sobre protección de inversiones y en particular la inclusión de una disposición sobre el mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS). El ISDS brinda a los inversores derechos exclusivos para demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática -realizada por instituciones representativas y para el interés general- se considera que puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras. Estos mecanismos se basan en juicios fuera de los tribunales nacionales, por lo que existe un gran riesgo de que se socave la soberanía democrática de la sociedad para la formulación de leyes y políticas de interés público.
La creación de nuevas estructuras de gobierno como el Consejo de Cooperación Regulatoria. Existe un gran riesgo de que estas estructuras, que no cuentan con la legitimidad democrática de haber sido elegidas por la ciudadanía, no garanticen la protección de los derechos de los ciudadanos y sean constantemente presionadas en secreto por grandes lobbies empresariales para rebajar importantes normas y reglas diseñadas para la protección de los intereses públicos, o prohibir futuras mejoras.
Un gran riesgo de desregulación en materia sanitaria y medioambiental. El TTIP tiene como objetivo, supuestamente, facilitar la inversión directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para el acceso al mercado de las empresas de ambos lados del Atlántico, pero existe el riesgo de que la convergencia de la reglamentación conduzca a una carrera para igualar derechos y estándares a la baja.
Un gran riesgo de desregulación financiera. Con el TTIP se pretende liberalizar aún más el mercado financiero trasatlántico mediante reglas que restringirían la capacidad de los países para crear políticas legítimas y necesarias tales como políticas de regulación del capital orientadas a desalentar la especulación (como el impuesto a las transacciones financieras), políticas de regulación de la balanza de pagos, políticas de regulación de los tipos de cambio de las monedas, etc.
Fuente: Coordinadora de ONGD de España. http://www.coordinadoraongd.org/
La creación de nuevas estructuras de gobierno como el Consejo de Cooperación Regulatoria. Existe un gran riesgo de que estas estructuras, que no cuentan con la legitimidad democrática de haber sido elegidas por la ciudadanía, no garanticen la protección de los derechos de los ciudadanos y sean constantemente presionadas en secreto por grandes lobbies empresariales para rebajar importantes normas y reglas diseñadas para la protección de los intereses públicos, o prohibir futuras mejoras.
Un gran riesgo de desregulación en materia sanitaria y medioambiental. El TTIP tiene como objetivo, supuestamente, facilitar la inversión directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para el acceso al mercado de las empresas de ambos lados del Atlántico, pero existe el riesgo de que la convergencia de la reglamentación conduzca a una carrera para igualar derechos y estándares a la baja.
Un gran riesgo de desregulación financiera. Con el TTIP se pretende liberalizar aún más el mercado financiero trasatlántico mediante reglas que restringirían la capacidad de los países para crear políticas legítimas y necesarias tales como políticas de regulación del capital orientadas a desalentar la especulación (como el impuesto a las transacciones financieras), políticas de regulación de la balanza de pagos, políticas de regulación de los tipos de cambio de las monedas, etc.
Fuente: Coordinadora de ONGD de España. http://www.coordinadoraongd.org/
